El Zangarro, Guanajuato. Autoridades de la Delegación Regional IV de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y de la Supervisión Escolar de la Zona 532 acudieron nuevamente a la Telesecundaria No. 226 “Enrique Beltrán” para atender el conflicto que, desde el inicio del ciclo escolar, mantiene en incertidumbre la reincorporación de la directora del plantel.
Personas cercanas al caso señalaron que las inconformidades promovidas por un grupo de padres de familia no han sido respaldadas, hasta el momento, con pruebas objetivas, sino que consisten principalmente en señalamientos generales sin la precisión de hechos concretos que permitan su comprobación dentro de un procedimiento formal.
La comunidad educativa también manifestó su preocupación por la posibilidad de que la institución permanezca nuevamente sin una dirección estable, al considerar que el conflicto responde a los intereses de un grupo reducido y no refleja el sentir de la mayoría de los padres de familia, quienes priorizan la continuidad del servicio educativo.
Durante la reunión surgieron cuestionamientos sobre la participación de la señora Fanny Hebe Guzmán Tapia, intendente del plantel, debido a su cercanía con quienes impulsan las inconformidades. Asimismo, algunos asistentes solicitaron a las autoridades verifiquen la autenticidad de los registros de asistencia y de las firmas recabadas durante el encuentro, al señalar que presuntamente se registró a estudiantes que no estuvieron presentes y que existen dudas sobre si todas las personas anotadas como padres de familia pertenecen realmente a la comunidad escolar de la Telesecundaria “Enrique Beltrán”. En ese sentido, pidieron revisar la identidad de quienes participaron y, de ser necesario, realizar un análisis de las firmas para garantizar la transparencia del proceso.
Respecto a la señora Fanny Hebe Guzmán Tapia, algunos integrantes de la comunidad defendieron las muestras de afecto que brinda a los estudiantes, como los abrazos, al considerarlas expresiones de cercanía y apoyo emocional. Sin embargo, otras voces señalaron que, al tratarse de adolescentes y de ser ella, una servidora pública, dichas conductas deben observarse con estricto apego a los protocolos de protección, profesionalismo y salvaguarda de los derechos de los alumnos.
Ante este escenario, integrantes de la comunidad educativa hicieron un llamado a la Secretaría de Educación de Guanajuato para que la resolución del caso se sustente exclusivamente en hechos acreditados y pruebas verificables, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas.
Asimismo, consideraron que ha llegado el momento de dejar de lado los intereses personales y privilegiar el bienestar de los estudiantes, evitando que diferencias particulares continúen afectando el funcionamiento de la escuela y el desarrollo de las actividades académicas.
Finalmente, solicitaron que las autoridades educativas resuelvan el caso a la brevedad y permitan a la directora reincorporarse a su centro de trabajo de adscripción, siempre que no exista impedimento legal o administrativo para ello. Afirmaron que mantener al plantel sin una dirección estable genera incertidumbre en la comunidad escolar y repercute directamente en la educación de los adolescentes, quienes deben ser el centro de cualquier decisión que se adopte.
