Se ha dejado de lado incidir en los factores que puedan aminorar la vulnerabilidad de la población expuesta. En la zona de mayor peligro, de lado poblano se incrementó la población 37.58% y del flanco mexiquense 36.69%; los cambios de uso de suelo han hecho que la mancha urbana avance peligrosamente en dirección al coloso, señalan especialistas.
Seis minutos antes de las dos de la madrugada del miércoles 21 de diciembre de 1994, el volcán Popocatépetl tuvo una explosión como no se había visto en 70 años. Eso marcó el inicio de un episodio de erupción que dura hasta estos días, a pesar de que hay meses o quizá años en los que parece que la actividad dentro de sus entrañas no implica riesgo mayor.
Aquella madrugada se abrió un conducto interno que generó explosiones, liberación de gases y ceniza, la cual se elevó varios kilómetros sobre la cima y después cayó sobre las poblaciones cercanas. Incluso llegó hasta el Valle de Puebla, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México.
El amanecer dejó ver una enorme columna. Dicen los entendidos que de unos seis kilómetros por arriba del cono.
Aquel año, el mismo que marcó la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; la irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas; las muertes del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu y el error de diciembre, sobrevino la emergencia a las faldas del coloso.
A pesar de que el gobierno de Puebla, entonces encabezado por el todavía priista, Manuel Bartlett Díaz, contaba con un “Atlas de Peligros” y un “Plan de Protección Civil para el Volcán Popocatépetl”, cuando se dio la urgencia de salir corriendo, no había rutas de evacuación, albergues identificados ni estaba claro cuántas poblaciones estaban en peligro ni cuanta gente podía haber en cada una de ellas.
Eso cuenta Alejandra López García en su tesis de maestría en Desarrollo Rural por la UAM. Refiere que se llegó al extremo de que la población de San Pedro Yancuitlapan, un pueblo separado por una calle de San Nicolás de los Ranchos se quedó allá arriba, porque a alguien se le olvidó avisarle que había que poner los pies en polvorosa, porque el volcán amenazaba sus vidas.
Los recuentos hablan de unos 15,000 desalojados de 22 comunidades hasta donde llegaron los soldados y funcionarios de protección civil arriando gente con altavoces. Los llevaron a albergues donde escaseaba la comida, pero a cambio les ofrecían pasar con los dentistas y cortarles el cabello casqueteado. El 27 de diciembre, todo mundo regresó a sus casas donde ya faltaban algunas cosas y a perros y gatos ya les andaba de hambre de la presencia de sus amos.
Veintiocho años y cinco meses después, muchas condiciones que conforman la situación de riesgo continúan en una situación similar, otras han cambiado y otras evidencian que, en materia de gestión integral de riesgo, todo este tiempo se han arrastrado los pies: el volcán está en el mismo episodio iniciado en 1994; hay más gente en la zona de mayor riesgo; ha habido un relevo generacional y migración; mucha de la señalética de las rutas de evacuación llegó y se fue; los baches y los topes se acumulan y han aparecido por todos lados una serie de nuevos asentamientos humanos, derivados de los cambios de uso de suelo, que han hecho que la mancha urbana avance peligrosamente en dirección al volcán.
Además, autoridades y población han relajado las medidas de prevención. Es como si 28 años solo hayan servido para reaccionar en caso de declararse una emergencia, pero la gestión integral de riesgo ha quedado para después.
Servando de la Cruz Reyna, investigador emérito del Departamento de Vulcanología de la UNAM destaca que ante lo que estamos es la reactivación del volcán y es parte de un episodio iniciado en 1994, que ocurrió luego de un episodio similar registrado en 1919 y que terminó en 1927.
Refiere que a partir de 1996 lo que ha ocurrido es la formación de domos de lava que crecen dentro del cráter que luego se destruyen mediante explosiones. Eso ha ocurrido unas 86 veces de 1996 a 2023.
“No estamos ante una fenomenología nueva”. Afortunadamente existen los mecanismos de respuesta para gestionar este tipo de situaciones y la actividad se analiza continuamente”, dijo.
Por su parte, la investigadora del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alejandra López García, explica que “el escenario eruptivo que presenta el coloso no indica que lo que esté en puerta sea una erupción mayúscula. No hay una evidencia geofísica evidente que respalde una reacción de pánico”.
Sin embargo, recalca, toda la composición territorial en torno al volcán es un componente de vulnerabilidad.
Hay más personas en el área de mayor riesgo
De acuerdo con el gobierno del estado de Puebla, 24 comunidades de seis municipios (Calpan, San Nicolás de los Ranchos, San Juan Tianguismanalco, Atlixco, Tochimilco y Aztahuacan) se encuentran en la zona de peligro mayor.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 1995, en esos lugares vivían 40,989, personas y actualmente habitan 56,394, lo que quiere decir que la población se incrementó 37.58 por ciento.
El gobierno poblano identifica siete comunidades con 29,861 personas de los municipios de San Nicolás de los Ranchos, Nealtican y Atlixco en zona de peligro de lodo y en zona de riesgo moderado 73,522 personas de 42 comunidades en 11 municipios.
Del lado del Estado de México hay cinco comunidades que se encuentran en el área de peligrosidad alta y son San Pedro Nexapa, San Juan Tehuixtitlán, Ozumba, Atlautla y Ecatzingo. En 1994 habitaban esas poblaciones 38,242 personas y actualmente hay 52,273, es decir, la población se incrementó 36.69 por ciento.
En entrevista, Alejandra López García subraya que una buena parte de la población, que incluso ya son padres de familia, no tienen la experiencia de haber padecido una emergencia que haya derivado en una evacuación y están a la expectativa de lo que eso significa.
“No está claro si la población que habita las laderas más expuestas del volcán, tiene la información suficiente y la disposición a atender las medidas que puedan proponer las autoridades de protección civil, respecto de una evacuación”.
La evacuación más reciente ocurrió en diciembre del año 2000, justo al inicio del sexenio del presidente Vicente Fox, cuando los habitantes de las zonas de mayor riesgo tuvieron que estar fuera de sus poblaciones alrededor de tres semanas.
El problema es que las autoridades no han trabajado con ellos con el fin de que tengan perfectamente claro, cuáles son los protocolos de seguridad a implementar durante una emergencia, con todo y que se hayan hecho simulacros puntuales en fechas señaladas, menciona.
Desde su perspectiva, dado que la actividad del volcán no está inscrita en ciclos regulares, como los huracanes, por ejemplo, entonces las personas y autoridades relajan las medidas de prevención.
Por ello son importantes los programas de comunicación continua sobre la actividad del volcán.
Recalca que el trabajo de prevención debió ser constante en los últimos 28 años, pero se ha ido relegando por dar prioridad a otras cosas, además de que la gente debe continuar con su vida y no estar pensando todo el tiempo en el riesgo que representa vivir junto al volcán.
Sin embargo, indica que las poblaciones más cercanas no dejan de estar atentas al volcán porque tienen una relación muy cercana y hasta entrañable con el volcán, porque forma parte de su contexto local. De manera empírica, pero muy sólida, entienden que es parte de la vida en la región, lo cual se manifiesta en rituales y cultos.
Destaca que las comunidades tienen sus propias estrategias para ponerse a salvo con sus propias redes de apoyo. De hecho, la actualización de las rutas de evacuación actuales efectuada por el Cupreder, se hizo con la colaboración de la gente de las comunidades.
De acuerdo con la especialista, si bien se cuenta con mayor información, instituciones y políticas públicas de protección civil en materia de prevención y atención de emergencia, en la medida en que se bajan al ámbito municipal, se va diluyendo, porque en los ayuntamientos en asuntos de la protección civil no funcionan como debiera.
Desde su perspectiva, en materia de prevención de desastres y gestión de riesgos, la autoridad tiene muchas deudas con la población de la zona, porque sigue siendo todavía muy reactiva. “No se estima que la prevención de desastres va más allá de la atención de emergencias”.
Llama la atención en el avance de la mancha urbana. Concretamente el crecimiento desorbitado de municipios como Atlixco, debido al desdoble de la zona de asentamientos humanos del municipio de Puebla hacia Atlixco, las tres Cholulas, Ocoyucan, entre otros.
Indica que la vulnerabilidad de todos esos núcleos de población frente a una probable actividad del volcán crece.
Ese fenómeno pone en evidencia que la gestión integral de los riesgos relacionados con la actividad eruptiva del volcán pasa por la planeación urbana y los instrumentos de regulación del uso del suelo, crecimiento urbano, ordenamientos ecológicos y territoriales.
La investigadora menciona que San Pedro Benito Juárez, en Atlixco, ha decrecido, por emigración, pero en comunidades como Metepec y el corredor suburbano de Atlixco hacia Tianguismanalco, ha habido un cambio de uso de suelo que ha generado una rápida urbanización con fraccionamientos habitacionales.
Ese fenómeno se replica en la zona de Las Cholulas hacia Paso de Cortés, donde se han multiplicado las unidades habitacionales al oriente y sur del volcán, densificando la población en ese perímetro, lo cual complica en la gestión de riesgo. Se va consolidando un cinturón de metropolización en torno al volcán que se va densificando, con el cual habrá que lidiar si lo que se quiere una gestión integral de riesgo.
Y mientras eso ocurre la montaña que humea sigue emitiendo ceniza, como señal que lo que tiene dentro de alguna forma busca salida. La población y la autoridad está avisada.
