Agotados los plazos para solventar las observaciones de las autoridades fiscalizadoras a Segalmex, a finales de septiembre pasado se abrieron en la Fiscalía General de la República 11 carpetas de investigación sobre las irregularidades en sus cuentas.
Agotados los plazos para solventar las observaciones de las autoridades fiscalizadoras a Segalmex, a finales de septiembre pasado se abrieron en la Fiscalía General de la República 11 carpetas de investigación sobre las irregularidades en sus cuentas. El monto de éstas suma casi 2 mil millones de pesos tan sólo en 2019 y 2020, pero aumentará conforme la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación vayan presentando las denuncias correspondientes.
Viáticos millonarios; pago por compra de granos, costales y tarimas que jamás entraron a los almacenes; pagos en demasía a pequeños productores y una amplia relación de nóminas por honorarios y personal inexistente son, en resumen, las prácticas que la Fiscalía General de la República (FGR) indaga por el caso de corrupción más cuantioso de los cuatro años de gobierno lopezobradorista, en una dependencia insignia de la política social del sexenio: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Desde finales de septiembre pasado se engrosan 11 carpetas de investigación respecto a los desfalcos que, en un primer avance, con todos los plazos vencidos para solventar observaciones de autoridades fiscalizadoras, implican un monto cercano a 2 mil millones de pesos, tan sólo por el periodo comprendido entre 2019 y 2020.
Creado como organismo descentralizado al inicio de la administración, Segalmex se ha convertido en el principal foco de atención a la política anticorrupción del gobierno, por los grandes boquetes presupuestarios que, tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) en tanto autoridad administrativa, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como órgano técnico fiscalizador del Legislativo, han identificado desde 2021.
En el escrutinio de las cuentas públicas 2019 y 2020 se detectó un impacto presupuestal de 13 mil millones de pesos, superando así los casos de corrupción del sexenio pasado en el gabinete social, cuya versión periodística fue conocida como la Estafa Maestra, por la que logró judicializarse un monto apenas superior a los 5 mil millones de pesos.
En espera de que las denuncias de la ASF y de la SFP incrementen la cuantía, la FGR inició las pesquisas.
La vinculación a proceso fue comunicada a la opinión pública el mismo 2 de noviembre, a través de un comunicado. Sin embargo, de acuerdo con la carpeta de investigación a la que tuvo acceso parcial el reportero, los casos acreditados hasta ahora incluyen diversas conductas imputables a varios servidores públicos.
Entre los casos indagados por el Ministerio Público destaca la erogación injustificada de 100 millones de pesos por compras de envases de PET al amparo del contrato A/017/2019.
O bien, una compra de 34 millones 732 mil costales blancos de propileno, violando los lineamientos al pagar 182.1 millones de pesos, cuando dichos costales no fueron entregados.
Un caso parecido es el relativo a la adquisición de tarimas por 67.2 millones, sobre las que no existe prueba de que se hayan adquirido efectivamente.
Hay también una carpeta por el desfalco de 50 millones de pesos para la supuesta adquisición de plaguicidas, abonos y fertilizantes, pero que a la hora de auditar, en Segalmex no había siquiera notas de remisión.(proceso)
