Bastó el desencanto por no obtener los números que esperaban en la Corte y ver detenidas las reformas para que la 4T dirigiera la primera flecha hacia la Corte: la amenaza de abrir la elección de los ministros a la votación ciudadana y con ello obligar a que sean elegidos «democrátimenrte».
Los recientes reveses de la Suprema Corte de Justicia a varias reformas promovidas por el Poder Ejecutivo reavivaron los ataques discursivos en su contra. El presidente y sus grupos legislativos anunciaron que promoverán una reforma constitucional para que, entre otros efectos, los ministros del Poder Judicial se elijan mediante voto popular. Pero esa propuesta es ahora inviable, pues el oficialismo no tiene en el Congreso de la Unión la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución.
Apenas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió invalidar la reforma legislativa mediante la cual se había establecido la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército, el presidente Andrés Manuel López Obrador relanzó su planteamiento de que los 11 integrantes de la Corte se elijan mediante voto directo de la ciudadanía y no por acuerdo del Senado a propuesta del titular del Poder Ejecutivo, como hasta ahora ocurre.
En el Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, ya había presentado en abril pasado una iniciativa para añadir un párrafo al artículo 94 constitucional con el propósito de que la elección de magistrados y jueces se realice mediante sufragio popular directo: “Si el Ejecutivo y el Legislativo son sometidos a consideración popular, lo justo es que también lo sea el Poder Judicial”, argumentó.
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados también hizo eco al planteamiento de López Obrador. Y ante las voces discordantes, el diputado Ignacio Mier recurrió a la retórica del “parlamento abierto” y del “proceso de democracia directa del pueblo de México”.
Senado presenta iniciativa, diputados respaldan
En semanas recientes, la mayoría de los ministros de la SCJN ha optado por declarar contrarios a la Constitución algunos de los ejes principales del programa de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, entre ellos la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la primera parte del Plan B electoral y, hace unos días, el decreto que clasificaba como “asuntos de seguridad nacional” los proyectos prioritarios del gobierno federal.
Aunque las críticas del Poder Ejecutivo contra el máximo tribunal parecían haber perdido fuerza luego de que la ministra Norma Piña, en contra del deseo presidencial, alcanzó en enero pasado la presidencia de la Corte, López Obrador retomó el asedio contra la Suprema Corte tras los fallos contra normas ya aprobadas en el Poder Legislativo y en los congresos locales.
El ataque discursivo desde Palacio Nacional ha subrayado también que en el Poder Judicial y en otras entidades autónomas del Estado Mexicano prevalecen los excesos en el gasto, la corrupción y los abusos. Sin embargo, después de la cargada contra el INE y el INAI, los ojos del partido gobernante están puestos sobre la SCJN.
Bastó el desencanto por no obtener los números que esperaban en la Corte y ver detenidas las grandes reformas, para que la llamada 4T dirigiera la primera flecha hacia la Corte: La amenaza de abrir la elección de los ministros a la votación ciudadana y con ello obligar a que sean elegidos “democráticamente”.
