Tras la toma de instalaciones de Ferrosur por parte de personal de Semar, el director del GAP, Raúl Revuelta, llamó a “no rasgarse las vestiduras”. En contraste, el comercio organizado tapatío advierte que la medida desalienta la inversión privada en México y pide garantizar el Estado de Derecho.
Guadalajara, Jal. El director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Raúl Revuelta Musalem, descartó que las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano a empresas privadas estén en riesgo, luego que personal de la Secretaría de Marina (Semar) tomara las instalaciones ferroviarias de Ferrosur, concesionadas a Grupo México.
“Se está hablando mucho de expropiaciones y no es una expropiación. Cada concesión tenemos ciertas reglas establecidas por actos de autoridad que se requieran en situaciones específicas; en este caso, lo que anunció el gobierno es una toma temporal de las instalaciones”, comentó el director general del GAP.
Hasta ahora el gobierno federal y la empresa concesionaria no han alcanzado un acuerdo en la negociación, lo que podría derivar en la toma definitiva de tres líneas concesionadas a Ferrosur, como parte del proyecto del Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Sin embargo, el director del grupo concesionario que opera 12 terminales aéreas en México, llamó a “no rasgarse las vestiduras” y añadió:
“Está incorporado en los contratos de cualquier concesionaria, ciertas causales o situaciones específicas donde el gobierno federal puede, de alguna manera, tener una participación mayor en esta concesión”.
Raúl Revuelta subrayó que el gobierno federal y Grupo México deberán alcanzar un acuerdo de compensación económica por los posibles daños patrimoniales que pueda tener Ferrosur.
“Normalmente en las concesiones también existen las reglas de cómo se calculan esos daños; entonces, yo realmente no estoy viendo este proceso de rasgarnos las vestiduras, de que, empezaron las expropiaciones de todo”, comentó el director del GAP.
El pasado domingo, Grupo México informó que, en caso de no alcanzar un acuerdo con el gobierno federal, la ocupación definitiva de los 120 kilómetros de vías férreas involucrados, afectará a la empresa, a sus empleados, clientes y también al libre mercado.
