En los últimos días, ha circulado información relacionada con el desarrollo de un proceso de investigación por el probable delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico de la Institución.
Al respecto, la Universidad de Guanajuato expresa su respeto a los derechos humanos de todas las personas, especialmente, al derecho a la libre expresión y a la manifestación, particularmente, de quienes conforman nuestra comunidad. Como institución educativa, nos corresponde fomentar el pensamiento crítico y constituir un espacio para el diálogo y la construcción de acuerdos en un contexto de libertad, justicia, objetividad, tolerancia, empatía, respeto y corresponsabilidad.
Nuestra Casa de Estudios es depositaria de un patrimonio histórico y cultural cuya riqueza constituye un valioso legado de gran relevancia para las actuales y futuras generaciones por su valor histórico, cultural y arquitectónico, pero además en virtud de que muchos de sus bienes constituyen un referente de identidad para la comunidad universitaria y para la sociedad. Por esa razón, como institución pública de educación, tenemos el deber de preservarlo y difundirlo.
Durante los meses de septiembre y octubre del año pasado, las instalaciones de la Rectoría General, y de otras áreas de la administración general de la Institución, fueron retenidas por un grupo de estudiantes quienes señalaban tener diversas demandas que finalmente se concretaron en un pliego petitorio que fue suscrito por las autoridades universitarias el día 2 de octubre de 2023, al cual se ha dado puntual seguimiento en un marco de irrestricto apego a la legalidad, considerando la planeación institucional, así como la disponibilidad de recursos.
Como consecuencia de ello, las instalaciones referidas fueron entregadas a las instancias universitarias correspondientes bajo la exigencia del grupo de estudiantes de que nuestra Institución no tomara ningún tipo de represalias en su contra, lo cual, afirmamos categóricamente, no ha ocurrido: la Universidad de Guanajuato no ha realizado ninguna acción encaminada a reprimir o inhibir el ejercicio de derecho alguno.
No obstante, una vez recibidos los espacios universitarios retenidos se encontró que existen múltiples daños al inmueble, así como a diversos bienes muebles de la Institución con importante valor institucional y social.
Ante tal situación, como institución pública formadora de estudiantes, la Universidad tiene el deber legal de hacer del conocimiento de las autoridades competentes dichos daños con la finalidad de deslindar las responsabilidades correspondientes. Por ese motivo y tomando en consideración que algunos de los probables delitos cometidos son de persecución oficiosa, se iniciaron diversas carpetas de averiguación que actualmente se encuentran en conformación y sobre las cuales, en apego a los principios del debido proceso, no es posible brindar más información sino hasta que concluyan las investigaciones respectivas.
En ese sentido, nuestra Casa de Estudios se mantendrá pendiente del desahogo de los procesos respectivos con la finalidad de contribuir a garantizar que se desarrollen en irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas involucradas, así como en el marco de la legalidad.
Por este conducto reafirmamos nuestro compromiso de realizar el seguimiento puntual de las demandas planteadas por la comunidad estudiantil e igualmente expresamos de manera categórica que estas acciones de ninguna manera están motivadas por un ánimo represivo, sino por el cumplimiento de un deber legal de la Institución que no debe soslayarse en consideración a la misión universitaria de contribuir a la construcción de una sociedad más libre, justa y democrática.
