El exgobernador de Tamaulipas agregó que sus abogados brindarán ‘información pertinente’ sobre el caso que se sigue en su contra.

rancisco García Cabeza de Vaca calificó como una “persecución política” la alerta migratoria emitida este miércoles por el Gobierno de México.

En su cuenta de Twitter, el exgobernador de Tamaulipas dijo no verse sorprendido “por esta nueva andanada” por parte de la administración federal.

Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores”, publicó.

Más temprano, el Instituto Nacional de Migración informó que dio trámite a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), “al mediar una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada”.

El exgobernador de Tamaulipas afirmó esta semana que aún se encontraba en el estado, acompañado de su familia en un rancho de su propiedad en el municipio de Soto la Marina.

El panista no estuvo en la toma de protesta de Américo Villarreal, su sucesor como gobernador de Tamaulipas, lo que dio pie a rumores sobre que se ‘había fugado’.

Sin embargo, García Cabeza de Vaca señaló que no asistió al evento porque no fue invitado.

Los días previos al cambio de Gobierno en el estado norteño fueron tensos: Villarreal acusó que García Cabeza de Vaca se había reunido con un juez para planear la liberación de ocho órdenes de aprehensión en contra suyay de otros militantes de Morena.

Las supuestas órdenes afectaban al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás; el exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas; el dirigente del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano.

“García Cabeza de Vaca, en lugar de estar preocupado por enfrentar los procesos pendientes, que deberá atender en cuanto deje su cargo y fuero el próximo 1 de octubre, está totalmente enfocado en seguir lastimando y haciendo daño a nuestros estado, entorpeciendo la vía democrática de Tamaulipas”, aseguró.

¿De qué se acusa a García Cabeza de Vaca?
Es investigado por la Fiscalía desde agosto de 2020, pesquisa que resultó en una orden de aprehensión en su contra, con base en la cual el Congreso de la Unión aprobó su desafuero para que se pudiera proceder penalmente en su contra.

Sin embargo, la petición no prosperó debido a que el caso llegó a la Suprema Corte, quien determinó que la instancia legalmente facultada para eliminar o no el fuero del panista era el Congreso de Tamaulipas.

El órgano legislativo local, dominado entonces por diputados del PAN (el mismo partido de García Cabeza de Vaca) falló a favor del ahora exgobernador.