El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve actuales y exfuncionarios de esa entidad, señalados de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos, respaldo político y protección institucional.
La acusación fue presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y dada a conocer por el fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.
Además de Rocha Moya, entre los imputados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; exmandos policiacos estatales y municipales, así como exfuncionarios de seguridad y procuración de justicia en Sinaloa.
Según el expediente judicial, los acusados habrían integrado una red de corrupción que permitió al Cártel de Sinaloa importar “cantidades masivas” de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
Por su parte, la fiscalía estadounidense sostuvo que los funcionarios habrían utilizado sus cargos para proteger a integrantes del grupo criminal, filtrar información sensible sobre operativos, facilitar rutas de trasiego y permitir actos de violencia sin consecuencias legales.
Uno de los señalamientos contra Rocha Moya, es que habría llegado a la gubernatura en 2021 con apoyo de la facción de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes presuntamente intimidaron y secuestraron a rivales políticos para favorecer su elección.
A cambio, sostuvo la acusación, el mandatario estatal habría sostenido reuniones con líderes criminales y prometido brindarles protección para mantener sus operaciones en Sinaloa.
El documento también señaló al actual subprocurador del estado, Dámaso Castro Zaavedra, de recibir pagos mensuales cercanos a 11,000 dólares para alertar al cártel sobre operativos respaldados por Estados Unidos y evitar detenciones.
Además, Juan Valenzuela Millán, exmando de la Policía Municipal de Culiacán, se le acusó de secuestro, por presuntamente participar en el plagio de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023, quienes posteriormente fueron torturados y asesinados.
Las autoridades estadounidenses indicaron que todos los acusados se encontrarían actualmente en México. En caso de ser condenados, varios enfrentan penas mínimas obligatorias de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.
“El Cártel de Sinaloa no podría operar con tanta libertad sin políticos corruptos y funcionarios policiales en su nómina”, afirmó el fiscal Jay Clayton al presentar el caso.
Rocha Moya rechaza las acusaciones
Tras darse a conocer la denuncia, el gobernador Rubén Rocha rechazó la acusación y denunció una «perversa estrategia» contra la soberanía de México.
«Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno», escribió en la red social X.
Rocha Moya, miembro del partido Morena, gobierna Sinaloa desde 2021. Durante su gestión, la entidad se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.
Según la acusación, los Chapitos —hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. Una vez en el cargo, el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia EU.
El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Los otros nueve acusados
Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de 41 años; el senador y ex Secretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, de 53; y el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de 50.
Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por EU.
