Es necesario que las y los legisladores analicen los detalles de lo que pretenden aprobar, pero con conciencia de lo que están haciendo y lo que corresponde a cada uno. Revisar bien las funciones que deben de ir al Poder Ejecutivo.
La propuesta de reforma para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no menciona varios aspectos ni mecanismos que aseguren una correcta garantía de los derechos que defendemos. Por ejemplo, la continuidad y funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la protección de datos personales en posesión de particulares y aspectos legales de procesos en sustanciación y temas laborales.
Empecemos con la PNT, la cual tiene 14 mil 967 millones 997 mil 229 registros de información pública provenientes de los tres Poderes de la Unión, gobiernos estatales y municipales, sindicatos, universidades y otros entes obligados. En total, reúne información de 7 mil 407 sujetos obligados en el país que pasarían a un destino incierto. De todas estas instituciones, sólo 270 pertenecen al Poder Ejecutivo Federal.
Preocupa que la reforma no ofrezca claridad sobre la herramienta más grande del país para ejercer nuestros derechos a saber y de protección de datos personales.
Otro aspecto es el Centro de Atención a la Sociedad (CAS), área especializada del INAI encargada de asesorar a las personas en el ejercicio de sus derechos. Del 1 de enero al 5 de noviembre de 2024, el CAS brindó 80 mil 520 asesorías a través de sus medios de contacto. Tan sólo la atención presencial en las instalaciones del INAI registró un gran incremento, al pasar de 45 a 71 el número de personas asesoradas al día.
El INAI mantiene compromisos operativos como la renta plurianual del edificio sede, la cual es de, en promedio, 4 millones de pesos al mes, pero que puede variar de acuerdo con la tasa de interés; en su totalidad el edificio tiene un costo de financiamiento, de acuerdo con el contrato del arrendamiento financiero con opción a compra, de 683 millones 788 mil 042.02 a pagar en un periodo de 20 años.
También hay multas y litigios en materia de datos personales, a las cuales tiene derecho el Estado mexicano y que derivan de sanciones impuestas dentro del régimen de protección de datos personales en posesión de particulares, y que ascienden actualmente a la cantidad de 577 millones 042 mil 647 pesos.
Hay 1 mil 68 recursos de revisión en análisis de las ponencias, que sólo un Pleno puede discutir con precisión, además de la supervisión de una infraestructura tecnológica que ha demostrado ser segura. México ha firmado acuerdos como el Convenio 108 del Consejo de Europa y el Acuerdo de Escazú, los cuales exigen un órgano autónomo.
Soy prudente y realista frente al panorama que enfrentamos. Por ello, es mi obligación advertir en cada reunión en el Senado, Cámara de Diputados o con la Secretaría de Gobernación, qué falta. He impulsado el respeto a los derechos de las y los trabajadores, una transición ordenada y certezas jurídicas para las herramientas que hoy funcionan.
Es necesario que las y los legisladores analicen los detalles de lo que pretenden aprobar, pero con conciencia de lo que están haciendo y lo que corresponde a cada uno. Revisar bien las funciones que deben de ir al Poder Ejecutivo.
La presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, debe conocer a detalle lo que son funciones del Poder Ejecutivo. Es importante que comprenda lo que significa y representa la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la infraestructura tecnológica con la que cuenta, misma que ha sido reconocida a nivel mundial. Se debe pensar en un órgano técnico especializado que la maneje, al igual que los datos particulares.
Esta semana, o la próxima, sabremos el destino. En tanto, nosotros seguimos con la lucha hasta el final, sólo hay que decirle la verdad y lo que representa cada cosa.
