Este ajuste fiscal responde a procesos de revisión y determinación de créditos fiscales realizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en ejercicio de sus facultades sobre la nómina educativa. El origen de esta situación se encuentra en las revisiones que el SAT llevó a cabo para los años 2019 y 2020, derivadas de un convenio firmado en 2014 entre la Federación y el Estado, en el cual se establecían ciertas exenciones fiscales para los trabajadores. No obstante, en auditorías posteriores, el SAT ha interpretado que estas prestaciones generan impuestos que, aunque antes no fueron retenidos, ahora se están exigiendo.
Reiteramos que esta medida proviene de una decisión de la autoridad fiscal federal y no del Gobierno del Estado, quien únicamente cumple con las disposiciones fiscales en beneficio de la transparencia y orden.